Llevo hace tiempo queriendo hacer una entrada sobre el enfrentamiento entre dos derechos que a veces se ven como contrapuestos: El derecho a ganarse la vida con la creación artística y cultural, y el derecho de todas las personas a acceder y participar de la cultura. He decidido finalmente hacerlo, tras la victoria política de ayer, con la no aprobación en la comisión de economía del congreso de la Ley Sinde, y a raiz de una de las falacias que publica Eduardo Bautista en un boletín de la SGAE: “desde que en los rescoldos de la Revolución Francesa el insigne Beaumarchais consiguiera incluir entre los Derechos del Hombre el solemne reconocimiento de los Derechos de Autor, o lo que es lo mismo, el respeto a que solo el autor pueda decidir el futuro y destino de sus obras y de los rendimientos económicos que estas generen.”

 

Esta relación lógica es, además de falsa, absurda.

 

El Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice dos cosas:

• Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
• Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Esto quiere decir que, evidentemente, cualquier persona tiene derecho a obtener beneficios de las creaciones científicas, literarias y artísticas que realice, o en las que contribuya, pero no a costa de limitar el acceso de otras personas a las mismas. Ninguno de los dos derechos es superior al otro, y no se dice en ninguna parte que el modelo económico que sustente esto deba de ser el de la restricción del acceso de las personas a estos contenidos. Más bien al revés.

 

Evidentemente el definir lo que es cultura, entretenimiento y arte no es algo obvio, pero tampoco se puede estar jugando a un doble juego. Si la ciudadanía está financiando el desarrollo de diversas producciones, como por ejemplo las cinematográficas, por considerarlas cultura, lo que nos hace coproductores de las mismas a todas las personas que pagamos impuestos, lo que no tiene ningún sentido es que esta consideración de dercho público no se mantenga para su uso y compartición. En última instancia, en mi opinión, habría que reelaborar la regulación de la cultura en la línea que realmente marcan los Derechos Humanos, y no intentar forzar una solución totalitarista para intentar hacer andar a un caballo muerto.